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chuchi
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El Gobierno se "pone las pilas" ante la crisis
<!-- BLOQUE ACREDITAR -->Redacción fotocasa.es , 21/08/2008, 13:38 h
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El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Justicia y de Vivienda, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas.
Este cambio normativo está motivado por la necesidad de dar un mayor impulso al mercado del alquiler en España, especialmente a través de medidas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a incrementar la oferta de viviendas en régimen de alquiler.
Así, las reformas introducidas por el Anteproyecto de Ley tienen como finalidad agilizar los procesos judiciales de desahucio y de reclamación de rentas derivadas del alquiler. Además, permitirá que las comunidades de propietarios adopten con más facilidad acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
El anteproyecto, que será sometido a consultas y a diversos informes antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente y lo remita a las Cortes, introducirá cambios en tres Leyes: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.
En el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. En la actualidad, el propietario sólo puede rescindir el contrato en el caso de que necesite ocupar la vivienda para uso propio. El Anteproyecto de Ley extiende este derecho para sus familiares en primer grado de consanguinidad (padres o hijos).
En el caso de los procesos judiciales, la solicitud del desahucio o el abono de rentas adeudadas terminan siendo largos y onerosos para las partes. Así, el Anteproyecto de Ley de Medidas adopta una serie de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil que dan más agilidad e imprimen más eficacia a las causas. Estos cambios se hacen siguiendo dos premisas básicas: dar mayor seguridad jurídica a los arrendadores y salvaguardar los derechos de los inquilinos de buena fe.
El presidente de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, valora positivamente que se agilicen los procesos de desahucio y el cobro de impagados, ya que hasta ahora "echar al mal pagador era un proceso largo y costoso y recuperar las cantidades adeudadas era imposible". No obstante, Baena sostiene que la crisis financiera que ha agudizado la desaceleración del sector inmobiliario "no se arregla con reformas jurídicas", por lo que demanda medidas para solventar la crisis de confianza que atraviesa la banca y que ha provocado una falta de liquidez a nivel internacional y un parón en los créditos a familias y empresas.
Por otra parte, se establece que la sentencia de condena al pago de rentas debidas incluya también las rentas que se hayan dejado de pagar con posterioridad al momento en que el arrendador interpuso la demanda. Actualmente, estas resoluciones judiciales sólo obligan al pago de las rentas no satisfechas hasta que se ha interpuesto la demanda, de manera que si desde ese momento se acumulan nuevas mensualidades sin pagar, el arrendador se ve obligado a ir de nuevo a juicio.
Otras medidas
Por otro lado, el Gobierno planea que la banca pueda emitir cédulas y bonos hipotecarios que estén respaldados por créditos para construcción de viviendas en alquiler y Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de que las entidades aumenten la financiación a promotores que se decanten por este negocio.
El Consejo de Ministros estudia la modificación de la normativa que regula las emisiones de estos títulos de deuda hipotecaria, que al ser vendidos a los inversores permiten a las entidades financieras encontrar financiación para seguir concediendo créditos hipotecarios.
Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, "al ampliar la posibilidad de refinanciación a través del mercado de capitales de este tipo de préstamos, se facilita que las entidades de crédito puedan concederlos con condiciones más favorables, redundando en unos menores costes para la construcción de vivienda en alquiler".
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El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Justicia y de Vivienda, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas.
Este cambio normativo está motivado por la necesidad de dar un mayor impulso al mercado del alquiler en España, especialmente a través de medidas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a incrementar la oferta de viviendas en régimen de alquiler.
Así, las reformas introducidas por el Anteproyecto de Ley tienen como finalidad agilizar los procesos judiciales de desahucio y de reclamación de rentas derivadas del alquiler. Además, permitirá que las comunidades de propietarios adopten con más facilidad acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
El anteproyecto, que será sometido a consultas y a diversos informes antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente y lo remita a las Cortes, introducirá cambios en tres Leyes: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.
En el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. En la actualidad, el propietario sólo puede rescindir el contrato en el caso de que necesite ocupar la vivienda para uso propio. El Anteproyecto de Ley extiende este derecho para sus familiares en primer grado de consanguinidad (padres o hijos).
En el caso de los procesos judiciales, la solicitud del desahucio o el abono de rentas adeudadas terminan siendo largos y onerosos para las partes. Así, el Anteproyecto de Ley de Medidas adopta una serie de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil que dan más agilidad e imprimen más eficacia a las causas. Estos cambios se hacen siguiendo dos premisas básicas: dar mayor seguridad jurídica a los arrendadores y salvaguardar los derechos de los inquilinos de buena fe.
El presidente de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, valora positivamente que se agilicen los procesos de desahucio y el cobro de impagados, ya que hasta ahora "echar al mal pagador era un proceso largo y costoso y recuperar las cantidades adeudadas era imposible". No obstante, Baena sostiene que la crisis financiera que ha agudizado la desaceleración del sector inmobiliario "no se arregla con reformas jurídicas", por lo que demanda medidas para solventar la crisis de confianza que atraviesa la banca y que ha provocado una falta de liquidez a nivel internacional y un parón en los créditos a familias y empresas.
Por otra parte, se establece que la sentencia de condena al pago de rentas debidas incluya también las rentas que se hayan dejado de pagar con posterioridad al momento en que el arrendador interpuso la demanda. Actualmente, estas resoluciones judiciales sólo obligan al pago de las rentas no satisfechas hasta que se ha interpuesto la demanda, de manera que si desde ese momento se acumulan nuevas mensualidades sin pagar, el arrendador se ve obligado a ir de nuevo a juicio.
Otras medidas
Por otro lado, el Gobierno planea que la banca pueda emitir cédulas y bonos hipotecarios que estén respaldados por créditos para construcción de viviendas en alquiler y Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de que las entidades aumenten la financiación a promotores que se decanten por este negocio.
El Consejo de Ministros estudia la modificación de la normativa que regula las emisiones de estos títulos de deuda hipotecaria, que al ser vendidos a los inversores permiten a las entidades financieras encontrar financiación para seguir concediendo créditos hipotecarios.
Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, "al ampliar la posibilidad de refinanciación a través del mercado de capitales de este tipo de préstamos, se facilita que las entidades de crédito puedan concederlos con condiciones más favorables, redundando en unos menores costes para la construcción de vivienda en alquiler".
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