osomax
Forer@ Senior
Sin verificar
Buenas tardes a todos.
Llevo bastante observando las (pocas) incidencias de “malus” expuestas en el foro, y hay algunas consideraciones que creo que son pertinentes.
En general, estos “malus” se otorgan cuando una de las partes incumple su compromiso, ya de venta, ya de compra, que se ha asumido en una vía privada de contratación.
En España, este tipo de contratos, es decir, los privados sin formalización –incluso sin forma escrita- son perfectamente válidos, pues la Ley establece que los requisitos de todo contrato son: objeto, consentimiento y causa. Por supuesto, no es cuestión aquí de exponer y aburrir a nadie con estos conceptos, sino simplemente remarcar que esos requisitos están presentes en todo acuerdo entre particulares, como los que puedan llevarse aquí a cabo ya que en España no se practica un sistema formalista. Por supuesto, el problema de la falta de “protocolización” es que la prueba del contenido del contrato (más allá de los propios participantes, que conocen bien lo que han pactado) es bastante complicada.
La cuestión es que, desde mi humilde punto de vista, el transformar un acuerdo privado que ha podido ser, presuntamente, vulnerado por una de las partes en un hecho público (p. ej., a través de un “malus”) constituye una exposición cuya prueba, realmente, es bastante complicada y, además, si tales pruebas existieran (lo cual, por supuesto, es posible) no podrían ser ni estimadas ni juzgadas sin las garantías existentes para ello (ya por vía jurisdiccional, ya por vía de arbitraje), es decir, los lectores ocasionales de esos hilos recibimos una información que no estamos en posición de poder evaluar, salvo que la persona aludida, es decir la otra parte contratante que presuntamente ha incumplido, confirme los hechos que se exponen.
El problema es que una persona que se encuentre en esa situación y se considere injustamente aludida, por las razones que sea, puede considerar que su imagen está siendo severamente dañada mediante afirmaciones que, quizás, no son probadas pero que, además, de poder probarse sólo podrían ser estimadas por aquéllos a los que se encomienda esta tarea.
Desde mi punto de vista, esto es potencialmente problemático para los implicados y, también, para el foro, pues puede crear una situación de inseguridad muy elevada, no sólo por las afirmaciones que, públicamente, pudieran hacerse sino por las consecuencias que en algún caso podrían tener.
Podría argüirse que, aunque se trate de un foro público, las identidades están “ocultas”. Lo cierto es que, con algo de conocimiento, hoy es posible afirmar que para estar realmente “oculto” en internet hay que utilizar medios que, generalmente, se desconocen por parte de la media de usuarios. Por otro lado, un potencial perjudicado siempre puede forzar (judicialmente) a la Administración del foro a que revele los datos de IP y demás que consten en el Registro.
De igual forma, desde la sentencia del Tribunal Supremo que confirma los pronunciamientos tanto del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid y de la Audiencia Provincial, se entiende que hay que considerar la aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). En ella se establece que "los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables de la información almacenada siempre que no tengan conocimiento de que ésta lesione derechos de un tercero". Sin embargo, si se conoce esta circunstancia sólo se les exime de responsabilidad "si actúan con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos".
Ello implica que, una acusación vertida públicamente en la que se vierten determinados hechos o calificativos que, per se, no pueden evaluarse sin que conste un pronunciamiento válido, puede crear problemas más allá de las personas inicialmente implicadas.
Por supuesto, y esto debo recalcarlo expresamente, no se trata por mi parte de crear ninguna polémica al respecto ni de enjuiciar estos casos o este proceder, para lo que, por supuesto, no estoy legitimado, sino plantear la cuestión por si nunca antes se había expuesto aquí o se había considerado desde este punto de vista.
En mi caso particular, no dudaría nunca de exponer públicamente “bonus”, pero consideraría arriesgado pronunciarme con un “malus”, y probablemente sólo anotaría una “incidencia” sin revelar públicamente más detalle al respecto. En todo caso, si necesitara una solución, sabría a quién o qué recurrir.
En fin, un cordial saludo y perdón por la extensión.
Llevo bastante observando las (pocas) incidencias de “malus” expuestas en el foro, y hay algunas consideraciones que creo que son pertinentes.
En general, estos “malus” se otorgan cuando una de las partes incumple su compromiso, ya de venta, ya de compra, que se ha asumido en una vía privada de contratación.
En España, este tipo de contratos, es decir, los privados sin formalización –incluso sin forma escrita- son perfectamente válidos, pues la Ley establece que los requisitos de todo contrato son: objeto, consentimiento y causa. Por supuesto, no es cuestión aquí de exponer y aburrir a nadie con estos conceptos, sino simplemente remarcar que esos requisitos están presentes en todo acuerdo entre particulares, como los que puedan llevarse aquí a cabo ya que en España no se practica un sistema formalista. Por supuesto, el problema de la falta de “protocolización” es que la prueba del contenido del contrato (más allá de los propios participantes, que conocen bien lo que han pactado) es bastante complicada.
La cuestión es que, desde mi humilde punto de vista, el transformar un acuerdo privado que ha podido ser, presuntamente, vulnerado por una de las partes en un hecho público (p. ej., a través de un “malus”) constituye una exposición cuya prueba, realmente, es bastante complicada y, además, si tales pruebas existieran (lo cual, por supuesto, es posible) no podrían ser ni estimadas ni juzgadas sin las garantías existentes para ello (ya por vía jurisdiccional, ya por vía de arbitraje), es decir, los lectores ocasionales de esos hilos recibimos una información que no estamos en posición de poder evaluar, salvo que la persona aludida, es decir la otra parte contratante que presuntamente ha incumplido, confirme los hechos que se exponen.
El problema es que una persona que se encuentre en esa situación y se considere injustamente aludida, por las razones que sea, puede considerar que su imagen está siendo severamente dañada mediante afirmaciones que, quizás, no son probadas pero que, además, de poder probarse sólo podrían ser estimadas por aquéllos a los que se encomienda esta tarea.
Desde mi punto de vista, esto es potencialmente problemático para los implicados y, también, para el foro, pues puede crear una situación de inseguridad muy elevada, no sólo por las afirmaciones que, públicamente, pudieran hacerse sino por las consecuencias que en algún caso podrían tener.
Podría argüirse que, aunque se trate de un foro público, las identidades están “ocultas”. Lo cierto es que, con algo de conocimiento, hoy es posible afirmar que para estar realmente “oculto” en internet hay que utilizar medios que, generalmente, se desconocen por parte de la media de usuarios. Por otro lado, un potencial perjudicado siempre puede forzar (judicialmente) a la Administración del foro a que revele los datos de IP y demás que consten en el Registro.
De igual forma, desde la sentencia del Tribunal Supremo que confirma los pronunciamientos tanto del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid y de la Audiencia Provincial, se entiende que hay que considerar la aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). En ella se establece que "los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables de la información almacenada siempre que no tengan conocimiento de que ésta lesione derechos de un tercero". Sin embargo, si se conoce esta circunstancia sólo se les exime de responsabilidad "si actúan con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos".
Ello implica que, una acusación vertida públicamente en la que se vierten determinados hechos o calificativos que, per se, no pueden evaluarse sin que conste un pronunciamiento válido, puede crear problemas más allá de las personas inicialmente implicadas.
Por supuesto, y esto debo recalcarlo expresamente, no se trata por mi parte de crear ninguna polémica al respecto ni de enjuiciar estos casos o este proceder, para lo que, por supuesto, no estoy legitimado, sino plantear la cuestión por si nunca antes se había expuesto aquí o se había considerado desde este punto de vista.
En mi caso particular, no dudaría nunca de exponer públicamente “bonus”, pero consideraría arriesgado pronunciarme con un “malus”, y probablemente sólo anotaría una “incidencia” sin revelar públicamente más detalle al respecto. En todo caso, si necesitara una solución, sabría a quién o qué recurrir.
En fin, un cordial saludo y perdón por la extensión.